El estado de Sinaloa vive un momento de alta tensión política tras la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, luego de que el mandatario Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal al cargo.
El nombramiento fue aprobado por el Congreso estatal, que colocó al frente del Ejecutivo a quien hasta entonces se desempeñaba como secretaria de Gobierno y era considerada la principal colaboradora de Rocha Moya. La nueva mandataria asume funciones de manera inmediata en un contexto marcado por señalamientos judiciales y presión internacional.
La salida temporal del gobernador ocurre después de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”. Estas acusaciones han derivado en una revisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que llevó al mandatario a apartarse del cargo para facilitar las investigaciones.
Yeraldine Bonilla toma el control del estado en un escenario complejo, considerado uno de los más delicados en la política reciente de Sinaloa. La crisis no solo impacta a nivel local, sino que también ha generado tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, debido a la gravedad de las acusaciones.
El caso ha sacudido el panorama político nacional, al poner en el centro del debate la posible relación entre autoridades y el crimen organizado. Mientras tanto, el gobierno estatal queda bajo una administración interina que deberá garantizar la gobernabilidad en medio de la incertidumbre.
