La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma a la Ley Minera que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, con lo que se mantiene la prohibición para otorgar concesiones a particulares en torno a este mineral estratégico.

La resolución fue adoptada por el Pleno de la Corte el pasado 24 de marzo de 2026, al validar la constitucionalidad de los artículos 1, 5 Bis y 10 de la Ley Minera, que concentran en manos del Estado todas las fases del ciclo del litio, desde su exploración hasta su beneficio y aprovechamiento.

De acuerdo con lo resuelto por el máximo tribunal, las disposiciones también establecen que no podrán otorgarse concesiones privadas, además de que los territorios con yacimientos del mineral podrán ser considerados zonas de reserva minera, y se contempla la operación de estas actividades a través de un organismo público descentralizado.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue el argumento de que la reforma debió ser sometida a consulta previa con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, la Corte desechó ese planteamiento al considerar que se trata de una modificación general al régimen jurídico del litio, sin una afectación directa y diferenciada a esos grupos.

Asimismo, la SCJN precisó que la clasificación de los yacimientos de litio como zonas de reserva minera es compatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica, siempre y cuando su aplicación se realice conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Minera y su Reglamento, con sustento técnico del Servicio Geológico Mexicano.

La resolución llega en medio del antecedente de la nacionalización del litio impulsada por el gobierno federal en 2023, cuando se firmó el decreto en Bacadéhuachi, Sonora, y posteriormente se creó la empresa estatal LitioMx. Esa decisión derivó en la cancelación de nueve concesiones de la minera china Ganfeng, que desde entonces mantiene un arbitraje internacional contra México.

Con este fallo, la Suprema Corte cierra una de las principales impugnaciones contra la política de nacionalización del litio y fortalece la postura del Estado mexicano sobre el control de un recurso considerado estratégico para el desarrollo energético e industrial del país.