Desde 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) cuenta con 399 registros relacionados con denuncias por desplazamiento forzado en Chihuahua; sin embargo, se estima que el 95 por ciento no denuncian que abandonan sus hogares a consecuencia de la violencia no presenta una denuncia formal, informó la titular del organismo, Norma Ledezma Ortega.
La funcionaria explicó que esta situación dificulta conocer la verdadera magnitud del desplazamiento forzado en la entidad, debido a que existen familias e incluso comunidades completas que dejan sus lugares de origen sin acudir ante las autoridades para denunciar los hechos.
Precisó que los 399 registros corresponden a víctimas reconocidas por la Comisión, por lo que no representan la totalidad de las personas que han tenido que abandonar sus viviendas.
Ledezma Ortega señaló que la estimación del 95 por ciento de familias que no denuncian corresponde a la experiencia acumulada durante los últimos tres años, periodo en el que ha participado directamente en los trabajos de atención al desplazamiento forzado.
Explicó que algunas comunidades están integradas por apenas seis, ocho o diez familias, por lo que los enfrentamientos entre grupos criminales pueden provocar que prácticamente todos sus habitantes abandonen sus hogares.
Asimismo, indicó que la mayor concentración de casos atendidos se encuentra en el municipio de Guadalupe y Calvo, particularmente en distintas comunidades de la Sierra Tarahumara, aunque también se han registrado desplazamientos en municipios de la región occidente, como Uruachi y Moris.
La titular de CEAVE reconoció que no existe una cifra exacta de todas las personas desplazadas, debido a que los registros oficiales no incluyen a la totalidad de quienes han tenido que salir de sus comunidades.
Detalló que algunas familias son registradas por las instancias encargadas de atender el desplazamiento forzado y reciben apoyo institucional, pero no ingresan al padrón de víctimas de la CEAVE al no presentar una denuncia formal.
En cuanto a los desplazamientos recientes, mencionó que se esperaba la llegada de aproximadamente 40 personas al municipio de Guadalupe y Calvo, por lo que personal de la Comisión se mantenía en comunicación con las autoridades locales para brindarles asistencia.
Explicó que, cuando se reporta la llegada de familias desplazadas, se activan mecanismos de atención humanitaria que incluyen alimentación, acompañamiento en materia de salud y otros apoyos según sus necesidades.
Finalmente, Norma Ledezma Ortega reiteró que el desplazamiento forzado representa una problemática de derechos humanos cuya dimensión real podría ser considerablemente mayor que la reflejada en las denuncias y los registros oficiales.
