La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), Norma Ledezma Ortega, consideró que la atención al desplazamiento forzado requiere una ley general de alcance nacional, antes que una legislación exclusivamente estatal, debido a que se trata de una problemática que afecta a distintas entidades del país.
Lo anterior, al ser cuestionada sobre la posibilidad de impulsar una ley de desplazamiento forzado desde el Congreso del Estado de Chihuahua, que permita establecer políticas públicas y destinar recursos presupuestales específicos para atender a las familias afectadas.
Ledezma Ortega reconoció que contar con un marco jurídico permitiría establecer obligaciones para las autoridades y facilitar la asignación de presupuesto para la prevención y atención de este fenómeno.
Sin embargo, sostuvo que la legislación debería surgir primero desde el ámbito federal, para posteriormente permitir que las entidades federativas armonicen sus disposiciones y desarrollen mecanismos propios de atención.
“La solución no podría venir de una ley local”, expresó la funcionaria, al explicar que el desplazamiento forzado no es una problemática exclusiva de Chihuahua y que sus causas pueden involucrar situaciones que trascienden los límites estatales.
Señaló que, aunque en Chihuahua existe una situación grave relacionada principalmente con la violencia y las disputas entre grupos del crimen organizado, también hay desplazamientos en otras entidades y por diferentes causas, entre ellas fenómenos climáticos.
En este sentido, consideró que una ley general permitiría reconocer la problemática a nivel nacional y establecer responsabilidades para los distintos órdenes de gobierno.
Explicó que, una vez aprobado un marco jurídico federal, los estados podrían armonizar sus leyes o implementar las políticas públicas correspondientes conforme a las obligaciones establecidas en la legislación general.
La titular de CEAVE destacó que actualmente el Gobierno de Chihuahua mantiene acciones de atención mediante la coordinación entre diversas dependencias estatales, aunque reconoció la necesidad de fortalecer la participación de las autoridades federales.
Insistió en que la atención a las personas desplazadas no debe depender únicamente de la voluntad de las instituciones, sino de mecanismos permanentes que garanticen recursos y responsabilidades claramente definidas.
Asimismo, señaló que han buscado establecer espacios de coordinación con autoridades de otros niveles de gobierno y organizaciones involucradas en la atención a las familias afectadas, aunque todavía existen dificultades para concretar trabajos conjuntos.
Ledezma Ortega subrayó que el desplazamiento forzado debe abordarse desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos, debido a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas obligadas a abandonar sus comunidades.
Finalmente, reiteró que una legislación general permitiría avanzar hacia una política pública más amplia, con participación de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como recursos destinados específicamente a la atención del desplazamiento forzado.
