El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, a cambio de sobornos y apoyo político.

La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a los funcionarios por delitos como conspiración para el tráfico de narcóticos, así como por posesión de armas y explosivos.

Entre los señalados también se encuentran figuras políticas relevantes de Sinaloa, incluyendo legisladores y autoridades locales, lo que ha generado un fuerte impacto político tanto a nivel estatal como nacional.

En caso de ser declarados culpables en Estados Unidos, los acusados podrían enfrentar penas de al menos 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, debido a la gravedad de los cargos relacionados con narcotráfico.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que ha recibido solicitudes de extradición, pero subrayó que no se han presentado pruebas suficientes que sustenten las acusaciones.

Por su parte, Rubén Rocha Moya y los demás señalados han negado los señalamientos, calificándolos como un ataque político y rechazando cualquier vínculo con el crimen organizado.

Este caso se da en un contexto de creciente tensión entre ambos países en materia de seguridad y combate al narcotráfico, lo que podría impactar la relación bilateral en los próximos meses.