La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar a las empresas encargadas de producir y suministrar materiales electorales, al señalar que un grupo reducido de compañías ha concentrado contratos durante más de dos décadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que algunas de estas empresas funcionan como intermediarias y subcontratan a otras compañías para realizar los servicios por los que fueron contratadas. Por ello, las calificó como “coyotes” y pidió revisar las licitaciones para determinar si existieron irregularidades.

Sheinbaum sostuvo que la revisión no debe limitarse a las contrataciones recientes del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que debe abarcar procesos realizados desde finales de la década de 1990.

La presidenta pidió que la ASF determine si existen responsabilidades y, en caso de encontrar irregularidades, se proceda conforme a la ley. Hasta el momento, los señalamientos forman parte de su solicitud de investigación y no constituyen por sí mismos una resolución que acredite responsabilidades.

Como parte de las medidas para modificar el esquema de contratación, Sheinbaum anunció que presentará una propuesta para fortalecer a Talleres Gráficos de México, empresa estatal que podría asumir una mayor parte de la producción de materiales utilizados durante los procesos electorales.

Entre los insumos contemplados se encuentran la papelería electoral, las mamparas y los chalecos del personal que participa en las casillas. La propuesta también considera mecanismos de supervisión externa y mayor transparencia en la contratación.

La mandataria señaló que debe ampliarse la competencia entre proveedores para evitar que las adjudicaciones se concentren en un grupo reducido de empresas.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es transparentar las contrataciones y asegurar el suministro de materiales para los comicios de 2027. Asimismo, sostuvo que la investigación debe permitir deslindar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes si se detectan irregularidades.

La revisión propuesta abre un nuevo debate sobre la contratación de proveedores electorales, el uso de recursos públicos y los mecanismos de vigilancia en las adquisiciones del sistema electoral mexicano.