El coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla Mendoza, sostuvo que corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades relacionadas con el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno, al ser cuestionado sobre los señalamientos de traición dirigidos contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Durante una entrevista, Bonilla Mendoza señaló que las investigaciones deben desarrollarse conforme a los procedimientos legales, sin que los pronunciamientos políticos sustituyan las determinaciones de los tribunales.

“A quien le toca juzgar el tema es a la justicia”, expresó.

El coordinador explicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado presentar las investigaciones ante las autoridades jurisdiccionales y que posteriormente debe ser el Poder Judicial quien determine la situación jurídica de las personas involucradas.

“Se tiene que ser muy respetuoso, desde mi perspectiva, para que sea justamente el Poder Judicial quien determine la situación jurídica”, manifestó.

Bonilla Mendoza insistió en que cualquier procedimiento debe garantizar el respeto al Estado de derecho, la presunción de inocencia y los derechos humanos, independientemente de los señalamientos públicos que existan.

Asimismo, expresó su desacuerdo con la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha pronunciado sobre el proceso que enfrenta Jáuregui Moreno, al considerar que sus declaraciones podrían influir en la percepción pública del caso.

Calificó la situación jurídica del exfiscal como una “aberración jurídica” y una “desproporción total”, al tiempo que manifestó su confianza en que los tribunales resuelvan sin presiones externas.

“Creo en la justicia, pero también creo en el Estado de derecho. Creo que nadie debe quedar indefenso ante el poder del Estado, creo en la presunción de inocencia”, declaró.

El coordinador también cuestionó que, desde las conferencias matutinas de la Presidencia de la República, se hayan emitido señalamientos contra Jáuregui antes de que concluyan los procedimientos judiciales.

En ese sentido, pidió que las autoridades jurisdiccionales no se dejen influir por las declaraciones de funcionarios públicos y que las resoluciones se sustenten únicamente en las pruebas presentadas durante el proceso.

Bonilla Mendoza también lanzó acusaciones contra Morena por presuntos vínculos de algunos de sus integrantes con grupos de la delincuencia organizada, aunque durante sus declaraciones no presentó elementos que permitieran corroborar dichos señalamientos.

Finalmente, reiteró que la situación jurídica del exfiscal debe resolverse en los tribunales y que las autoridades deben garantizar el debido proceso, sin que las diferencias políticas determinen las resoluciones judiciales.