La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, Yanko Durán Prieto, consideró necesario que los señalamientos realizados contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) estén respaldados por pruebas suficientes y sean investigados mediante los procedimientos legales correspondientes.

Al ser cuestionada sobre la controversia que involucra a la titular del organismo electoral nacional, Durán Prieto señaló que las acusaciones públicas deben acompañarse de elementos que permitan a las autoridades competentes determinar si existen irregularidades o responsabilidades.

“Si se tienen pruebas, evidencias más allá de un video, con documentos, etcétera, pues lo pertinente sería iniciar las investigaciones correspondientes”, expresó.

La funcionaria explicó que no basta con la difusión de señalamientos en medios de comunicación o redes sociales, pues cualquier posible irregularidad debe analizarse a partir de evidencias que puedan incorporarse formalmente a una investigación.

Asimismo, advirtió que este tipo de controversias pueden afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales, no solamente a nivel nacional, sino también en los organismos estatales.

Por ello, destacó la importancia de que las acusaciones sean atendidas mediante los mecanismos establecidos en la legislación, con el propósito de esclarecer los hechos y evitar que las controversias se limiten al ámbito mediático.

“Lo importante es que se tengan las evidencias suficientes y que esas evidencias se puedan convertir en pruebas que se desahoguen a través de los canales legales correspondientes”, puntualizó.

Durán Prieto sostuvo que corresponde a las instancias competentes realizar las investigaciones y, en caso de acreditarse alguna irregularidad, determinar las acciones que procedan conforme a derecho.

Finalmente, reiteró que cualquier señalamiento contra autoridades electorales debe sustentarse en elementos verificables, debido a la importancia de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones responsables de los procesos democráticos.