La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que los dos agentes estadounidenses que murieron en un accidente en la sierra de Chihuahua se encontraban en una misión en coordinación con autoridades locales, lo que ha generado dudas sobre una posible violación a la Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que su gobierno ya investiga el caso para determinar qué actividades realizaban los agentes y a qué agencia pertenecían, además de aclarar si su presencia en el operativo cumplía con el marco legal mexicano.

El incidente ocurrió luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a un barranco en el municipio de Morelos, provocando la muerte de los dos funcionarios de Estados Unidos y de dos elementos de seguridad estatal.

El caso ha estado rodeado de contradicciones. Mientras autoridades de Chihuahua aseguraron que los agentes solo participaban en capacitaciones sobre uso de drones, la presidenta indicó que la información disponible apunta a que sí existía colaboración en una misión conjunta, lo que obliga a una investigación más profunda.

Incluso medios internacionales han señalado que los fallecidos podrían estar vinculados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que elevaría la gravedad del caso por la participación de personal extranjero en tareas de seguridad en territorio mexicano.

Sheinbaum enfatizó que cualquier intervención de agentes extranjeros en México debe contar con autorización del Gobierno federal, conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Por ello, advirtió que se investigará si hubo una operación fuera del marco legal.

Además, la presidenta reconoció que su administración no tenía conocimiento previo de la presencia de estos agentes en Chihuahua, lo que ha incrementado la preocupación sobre la coordinación entre niveles de gobierno.

El hecho ha reavivado el debate sobre la participación de Estados Unidos en operativos contra el narcotráfico en México, un tema sensible en la relación bilateral, especialmente ante posturas más intervencionistas desde Washington.

Mientras tanto, el Gobierno federal mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades en un caso que ya genera repercusiones políticas y diplomáticas.