La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existe un plazo establecido para resolver la solicitud de detención con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al asegurar que el procedimiento aún se encuentra en una etapa preliminar.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que la petición enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no corresponde a un juicio formal de extradición, sino a una solicitud de detención urgente con fines de extradición, derivada de una acusación presentada en una corte del Distrito Sur de Nueva York.

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisó inicialmente la documentación y concluyó que no existían elementos suficientes para ejecutar una detención inmediata, por lo que solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

«Estamos en ese momento. La Fiscalía abrió sus propias investigaciones y está realizando las diligencias correspondientes», señaló la presidenta al referirse al estado actual del procedimiento.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que, si la solicitud de detención urgente es rechazada, ello no significa que el caso quede concluido, ya que las autoridades estadounidenses conservan la posibilidad de promover un procedimiento formal de extradición con la presentación de mayores elementos probatorios.

«Si no hay pruebas, el gobierno dice no. Estados Unidos puede iniciar un juicio formal de extradición si así lo considera pertinente, y además está la investigación que realiza la Fiscalía», sostuvo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que Rocha Moya cuente con protección del Gobierno Federal.

El funcionario aseguró que el mandatario con licencia no ha solicitado apoyo al Gabinete de Seguridad y que las escoltas que actualmente lo acompañan pertenecen únicamente al ámbito estatal. Asimismo, precisó que ninguna de las personas señaladas en la acusación presentada por Estados Unidos recibe protección de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC o la FGR.

El caso continúa bajo análisis de las autoridades mexicanas, mientras la FGR desarrolla las investigaciones correspondientes para determinar si existen elementos que permitan avanzar en el procedimiento solicitado por el gobierno estadounidense.