La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tenga un trasfondo de persecución política y aseguró que el caso deriva de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha desarrollado desde hace más de un año por presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que el Gobierno de México no interviene en las investigaciones ministeriales y reiteró que la FGR es un órgano autónomo encargado de conducir este tipo de procesos conforme a la ley.
“No es un asunto de persecución política”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las críticas emitidas por integrantes de la oposición, quienes señalaron que la captura del exmandatario panista podría responder a intereses políticos. La presidenta insistió en que la carpeta de investigación fue integrada con anterioridad y que corresponde a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad de los implicados.
La titular del Ejecutivo también manifestó su confianza en que el proceso se desarrollará con imparcialidad y respetando el debido proceso, al tiempo que recordó que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, fue detenido por elementos federales tras una orden de aprehensión emitida por un juez. La investigación lo relaciona con una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante esquemas de evasión fiscal.
De acuerdo con las autoridades, el caso está vinculado con una indagatoria sobre operaciones de importación y comercialización de combustibles que habrían ocasionado pérdidas millonarias al erario. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación continúa abierta y no descartó que en los próximos días se ejecuten nuevas órdenes de aprehensión contra otras personas presuntamente involucradas.
Tras la detención, dirigentes del Partido Acción Nacional expresaron su respaldo a Ruffo Appel y solicitaron que el proceso se lleve a cabo con estricto apego a derecho, al considerar que no debe utilizarse la justicia con fines políticos. Por su parte, el Gobierno federal reiteró que será la Fiscalía y, posteriormente, el Poder Judicial quienes determinen la situación jurídica del exgobernador con base en las pruebas presentadas durante el proceso.
