El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, consideró que se ha politizado en exceso el caso relacionado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de los señalamientos y acusaciones que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El funcionario estatal señaló que existe un tratado internacional del cual México forma parte y que, en ese sentido, el proceso debe seguir los cauces legales e institucionales correspondientes, sin convertir el tema en una confrontación política.

Indicó que lo que se conoce hasta ahora es una solicitud de detención con fines de extradición, basada en mecanismos contemplados dentro del propio tratado internacional, por lo que consideró que será necesario esperar el desarrollo de las investigaciones y resoluciones jurídicas.

De la Peña Grajeda mencionó que lo evidente es que se ha intentado contener el proceso, aunque insistió en que debe permitirse que las instancias correspondientes actúen conforme a derecho.

Asimismo, destacó que se trata de una situación inédita, al referirse a las acusaciones directas en un distrito judicial de Nueva York contra un gobernador en funciones por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

En otro tema, el secretario general abordó el caso del narcolaboratorio desmantelado en la Sierra de Chihuahua y llamó a no convertir las investigaciones en un asunto político.

Subrayó que la intervención realizada por el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano, permitió desmantelar un laboratorio cuya capacidad operativa ya fue dada a conocer por la Fiscalía General de la República.

Precisó que actualmente existen carpetas de investigación abiertas tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República, por lo que pidió permitir que las autoridades ministeriales realicen su trabajo y lleguen a las conclusiones correspondientes.

El funcionario reiteró que la seguridad en Chihuahua se mantiene bajo coordinación entre el Estado, la Guardia Nacional y fuerzas federales, conforme a los acuerdos establecidos entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora María Eugenia Campos Galván para no politizar la seguridad y priorizar la atención a la ciudadanía.