El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció un reforzamiento de la presencia federal en Sinaloa en medio de la crisis generada por las acusaciones contra el exgobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con autoridades federales, el despliegue responde a la necesidad de mantener la estabilidad en la entidad tras el impacto político y social del caso, que involucra señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Harfuch aseguró que no existen indicios de amenazas directas contra Rocha Moya, quien solicitó licencia a su cargo mientras se desarrollan las investigaciones. No obstante, el Gobierno federal decidió fortalecer la coordinación y presencia de fuerzas de seguridad en el estado como medida preventiva.

El gabinete de seguridad, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trasladó a Sinaloa para reforzar las acciones en conjunto con autoridades locales, en un contexto considerado delicado por las implicaciones políticas y diplomáticas del caso.

Además, se informó que las autoridades mexicanas continúan evaluando la situación jurídica de Rocha Moya, luego de que Estados Unidos solicitara su detención con fines de extradición, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas suficientes que justifiquen una acción inmediata.

El caso ha generado tensiones entre México y Estados Unidos, así como un fuerte debate interno sobre seguridad, soberanía y la presunta infiltración del crimen organizado en la política.