Hidalgo del Parral, Chih.- La autoridad penitenciaria de Chihuahua mantiene una revisión de los expedientes de personas privadas de la libertad que podrían ser consideradas dentro de los beneficios contemplados por la llamada Ley Beatriz, informó el General de División en Retiro Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado.
Fernández Acosta, quien tiene bajo su responsabilidad la administración y operación de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la entidad, señaló que actualmente se cuenta con un registro de las personas que se encuentran en proceso o que pudieran cumplir con los requisitos establecidos por la legislación.
Explicó que la aplicación de la Ley Beatriz no representa un beneficio automático para las personas privadas de la libertad, ya que cada solicitud deberá ser revisada de manera individual para determinar si cumple con los criterios establecidos.
La Ley Beatriz, conocida formalmente como Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, faculta al titular del Poder Ejecutivo para otorgar el perdón de una pena a personas con sentencia firme por delitos del fuero común, siempre y cuando se encuentren en condiciones específicas de vulnerabilidad.
Entre los supuestos contemplados se encuentran personas con enfermedades en fase terminal, adultos mayores de 70 años con deterioro físico severo, integrantes de pueblos indígenas que hayan enfrentado procesos judiciales con barreras de lenguaje o una defensa inadecuada, así como personas con dependientes económicos con discapacidad grave o hijos menores de 14 años.
El funcionario indicó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar quiénes pueden acceder a este mecanismo, mediante la revisión de cada caso.
La legislación establece además restricciones para delitos considerados graves, como feminicidio, delitos sexuales y actos de corrupción, mientras que las solicitudes son analizadas por un comité técnico integrado por distintas instancias estatales.
