En transcurso de la semana en curso, presenté un proyecto de decreto que establecerá lineamientos y un aumento de sanciones penales en materia de tala ilegal para fines comerciales.
Fundamentalmente, para adicionar el artículo 359 bis al Código Penal del Estado, que establecerá lo siguiente: A quien sin contar con la autorización de la autoridad competente realice la actividad de tala en comunidades indígenas, zonas agrarias, comunales y/o ejidales con fines comerciales.
Se impondrá pena de cinco a quince años de prisión y de quinientos a mil días de multa.
La pena privativa se agravará hasta con tres años de prisión y se castigará con quince a dieciocho años, si el ilícito se realiza con uso de violencia física y/o de armas de fuego.
La presente iniciativa tiene como objetivo ofrecer una solución para detener la tala ilegal en los bosques y sierras, para con ello proteger la biodiversidad que existe en nuestro Estado.
Desafortunadamente Chihuahua, por sus zonas boscosas, se encuentra entre las tres entidades de la República con mayor incidencia en la tala clandestina de bosques, con el municipio de Bocoyna a la cabeza de afectaciones.
La tala ilegal se combate en el estado a tal grado que al año se documentan entre 40 y 50 carpetas de investigación por este delito. La autoridad lleva años propiciando cierres de aserraderos clandestinos y deteniendo personas que trafican madera sin permiso.
Actualmente la tala ilegal provoca violencia con enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que subsidian gran parte de sus actividades con los recursos que les deja la venta de árboles para madera.
Hay muchas maneras de enfrentar la tala ilegal. Pero creo que una de ellas es prestar mayor atención al tema de las sanciones. Sin embargo, la propia sanción debe considerar que la tala ilegal puede realizarse con diversos fines. Por ejemplo, en los pueblos y comunidades indígenas en ocasiones se realizan talas ilegales con el fin de aprovechar la madera para construir sus propias casas, o con la finalidad de tener una porción de terreno cultivable.
Pero hay otras finalidades como las comerciales y considero que es esta la que debe ser sancionada con mayor énfasis, pues, aunque es rechazable cualquier tipo de tala ilegal, la que genera mayor daño es precisamente aquella que busca obtener un lucro económico y en consecuencia es masificada.
Vivimos una fecha triste para la humanidad entera. Los bosques se están destruyendo y con ello la biodiversidad desaparece y la humanidad presagia su muerte. Conforme a datos estadísticos, México tiene 450 mamíferos, mil 26 aves, 687 reptiles, 285 anfibios, 25 mil plantas con flor; en cuanto a los ecosistemas contamos con bosques de coníferas y encinos, bosques espinosos, bosques mesofílicos, bosques tropicales caducifolio, bosques tropicales caducifilio, bosques tropicales perennifolio, bosques tropicales subcaducifilio, lo que lo convierte en uno de los países con mayor riqueza biológica de la humanidad.
En México existen 122 zonas críticas forestales por distintos ilícitos que se han identificados en 20 estados de la República, como tala clandestina, lavado de madera, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos forestales, incumplimiento de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada.
Por ello, vengo a proponer una reforma legal que atienda esta problemática. Una reforma que adiciona el artículo 359 bis al Código Penal del Estado, para que la tala ilegal de los bosques que se ubican en pueblos indígenas, zonas agrarias, comunales y/o ejidales, que se lleven a cabo con fines comerciales sea sancionado.
