El suscrito Diputado Gustavo de la Rosa, presenté el día de ayer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y hoy presentaré en el mismo sentido una denuncia ante la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, todas para que Investiguen las conductas violatorias a los derechos humanos cometidas en contra de su servidor y múltiples personas, por el señor Magistrado Luis Villegas Montes.

Conductas que estoy denunciando como discriminatorias por pertenecer al grupo etario de senectos y vivir con sobrepeso. Advirtiendo que no es una conducta circunstancial, sino que ha sido una conducta permanente en él, la aversión contra diferentes grupos vulnerables y personas que difieren de su manera de pensar. Expreso mi opinión en el sentido, de que alguien con esa estructura de pensamiento no debe continuar como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es más, nunca debió ser nombrado para ese cargo.

El Lic. Luis Villegas Montes, carece del perfil de quienes han de impartir justicia en la instancia definitiva dentro del Estado, los cuales deben de observar los principios de independencia, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, respeto a los derechos humanos, excelencia, profesionalismo, honestidad, diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad, rectitud, transparencia, máxima publicidad y perspectiva de género.

Además, quienes ocupan cualquier cargo dentro del Poder Judicial del Estado, deberán ser personas integras e idóneas, que tangan la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas para el cargo, con conocimientos y méritos, fundamentalmente con experiencia y capacidad profesional, de conformidad con el Art. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, debe ser investigado a profundidad en cuanto a los hechos denunciados, como en sus características personales, evaluando las exigencias de Ley, por las autoridades de la FGE, CEDH y la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas