El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que puso a disposición su cargo tras los hechos relacionados con el operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fallecieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), un elemento de su escolta y dos personas de origen estadounidense.
Mediante un documento dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el funcionario señaló que tomó esta decisión en apego a su responsabilidad en el servicio público y con el objetivo de permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía y transparencia.
Jáuregui Moreno reconoció que la información inicial difundida sobre la presencia de personas extranjeras en el operativo resultó inconsistente y requería una investigación más profunda para esclarecer su participación.
El fiscal asumió la responsabilidad política por estas deficiencias en el ámbito del liderazgo institucional, al señalar que correspondía a su cargo garantizar el funcionamiento eficaz de los controles internos.
Los hechos se remontan al operativo realizado entre el 16 y el 19 de abril en la zona serrana de Chihuahua, donde autoridades estatales y federales desmantelaron uno de los mayores laboratorios de drogas sintéticas detectados en el país. Sin embargo, durante el retorno del convoy, un accidente ocurrido en las inmediaciones del poblado de Polanco provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos civiles extranjeros cuya presencia no había sido reportada a mandos superiores.
Este caso ha generado cuestionamientos sobre la posible participación de personas extranjeras en operativos de seguridad en territorio estatal, así como sobre los protocolos de colaboración internacional.
El ahora fiscal señaló que, si bien el operativo representó un golpe significativo contra el crimen organizado, los resultados no justifican acciones que no se apeguen estrictamente a la legalidad.
Finalmente, indicó que su decisión busca evitar que la situación afecte la confianza pública y el trabajo institucional en materia de seguridad, además de fortalecer los mecanismos internos y la coordinación entre autoridades en la lucha contra la delincuencia organizada.
Será la titular del Ejecutivo estatal quien determine la aceptación de la renuncia y los pasos a seguir al frente de la Fiscalía General del Estado.
