El Colegio de Profesionales del Derecho Distrito Bravos A.C. (COPRODER) fijó postura ante la detención del juez penal del Distrito Hidalgo, Manuel Jurado Torres, por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, y llamó a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso mientras se resuelve su situación jurídica.

Mediante un comunicado firmado por Ricardo Quintana Carrera, presidente del Consejo Directivo 2023-2026, el organismo señaló que ha dado seguimiento a la información difundida durante las últimas horas por medios estatales y nacionales respecto al caso.

COPRODER consideró que la detención debe dar paso a una investigación por el probable delito de prevaricación agravada, relacionado presuntamente con la modificación del tipo penal de feminicidio a homicidio imprudencial y con cambios en las medidas cautelares de prisión preventiva justificada.

Sin embargo, el Colegio enfatizó que los señalamientos deberán probarse ante un juez de Control y no pueden darse por acreditados anticipadamente.

“Como abogados, somos los primeros obligados a defender el Artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Federal y 13 del CNPP. El juzgador detenido goza de presunción de inocencia, derecho a defensa adecuada y a que su situación sea resuelta en audiencia pública”, señaló.

El organismo agregó que ninguna información periodística sustituye una sentencia firme, por lo que pidió mantener el respeto a las garantías procesales del juzgador mientras avanza el procedimiento.

Sobre la actuación que se atribuye al juez, COPRODER señaló que, en caso de acreditarse que emitió una resolución contraria a la ley para otorgar una ventaja indebida, podrían existir sanciones de carácter penal. No obstante, aclaró que corresponde a las autoridades determinarlo mediante pruebas y contradicción.

El Colegio también hizo un llamado a que la cobertura mediática del caso se realice con objetividad y apego a los hechos jurídicamente acreditados, al considerar que los juicios anticipados pueden afectar tanto la función jurisdiccional como la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción transparencia respecto a las 11 carpetas contra jueces y dos contra magistrados anunciadas, mientras que al Poder Judicial pidió garantizar imparcialidad durante los procedimientos.

“Ni encubrimiento gremial, ni linchamiento anticipado. Desde COPRODER reiteramos: no defendemos personas, defendemos procesos”, concluyó el organismo.