El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo Castillo, aseguró que el convenio propuesto para que Chihuahua se incorpore al esquema de pensión universal para personas con discapacidad resulta financieramente inviable en los términos planteados por el Gobierno Federal.

Lo anterior, luego de la manifestación realizada el jueves a las afueras de Palacio de Gobierno por integrantes de una organización que ha solicitado en distintas ocasiones que el Estado se adhiera al programa federal.

El funcionario explicó que la administración estatal mantiene su postura respecto a este convenio, debido a que considera que el esquema de aportaciones compartidas entre la Federación y el Estado comprometería recursos destinados a otros programas sociales.

“En los términos en que se está señalando que podría ser este convenio, pues simplemente no es operante”, expresó.

Carrillo Castillo señaló que la propuesta de financiar el programa mediante aportaciones iguales de ambos órdenes de gobierno no corresponde, a su juicio, con la capacidad presupuestal de Chihuahua.

Argumentó que la Federación ha realizado recortes a las participaciones que recibe la entidad, lo que dificulta asumir nuevas obligaciones financieras de esa magnitud.

“Lo que se está pidiendo así de golpe sería prácticamente desaparecer la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común”, afirmó.

El secretario sostuvo que la dependencia ya cuenta con programas dirigidos a las personas con discapacidad, a quienes identificó como uno de los principales sectores beneficiarios de sus acciones.

Explicó que este grupo poblacional representa el segundo con mayor atención dentro de la Secretaría, después de la niñez, particularmente la primera infancia, que recibe apoyos mediante programas como las estancias infantiles.

Por ello, consideró que aceptar el convenio bajo las condiciones actuales implicaría comprometer la continuidad de otras estrategias de asistencia social.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno Federal solicite una aportación equivalente a la del Estado, cuando, según señaló, dispone de una mayor cantidad de recursos económicos.

“La forma en que se está proponiendo, que sea mitad y mitad, simplemente no tiene sentido en términos presupuestales”, manifestó.

Carrillo Castillo agregó que, si existiera una propuesta diferente y financieramente viable, podría analizarse la posibilidad de establecer un mecanismo de colaboración.

Finalmente, insistió en que el rechazo al convenio en sus términos actuales no significa que la administración estatal esté en contra de apoyar a las personas con discapacidad, sino que considera necesario encontrar un esquema que permita atenderlas sin afectar otros programas sociales.