El director general de Coesvi, José Antonio Chávez Rodríguez, rechazó los señalamientos del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, respecto a que el proceso de subasta de los fraccionamientos de Pensiones Civiles del Estado debió pasar previamente por el Congreso local.

Chávez Rodríguez aseguró que no se requiere una nueva autorización del Poder Legislativo, debido a que desde la creación de estos fraccionamientos el Congreso del Estado autorizó que pudieran ser comercializados.

“El diputado Cuauhtémoc Estrada denunció que este proceso de subasta de los fraccionamientos debió haber pasado por Congreso del Estado. No hay tal; yo creo que es importante que se lea y que se conozca perfectamente la ley”, expresó.

El funcionario consideró que existe desinformación respecto al procedimiento y sostuvo que Coesvi realizó previamente una revisión técnica y jurídica para determinar los mecanismos legales disponibles para recuperar los inmuebles.

“Este fraccionamiento, primero que nada, desde su creación ya estaba aprobado por el Congreso para poder hacer su comercialización”, puntualizó.

Asimismo, señaló que el procedimiento se encuentra sustentado en el artículo 47 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua y reconoció que en una de las publicaciones se mencionó de manera equivocada un artículo distinto, aunque afirmó que esto no modifica la legalidad del proceso.

Chávez Rodríguez insistió en que la operación se realizó mediante una subasta pública y no por adjudicación directa, además de señalar que las convocatorias y demás información relacionada con el procedimiento son públicas.

Explicó que la primera convocatoria quedó sin participantes, mientras que en una segunda hubo interesados únicamente para uno de los desarrollos, ubicado en Cuauhtémoc, mientras otros fueron declarados desiertos.

Finalmente, sostuvo que el proceso ha contado con el acompañamiento de los órganos internos de control y aseguró que todas las operaciones relacionadas con el patrimonio público pueden ser auditadas.

“No hay ningún tema de negocio, no hay ningún tema que no haya sido público”, afirmó, al reiterar que el objetivo es recuperar los bienes propiedad de Pensiones Civiles y evitar que el abandono o las invasiones provoquen una pérdida patrimonial.