El abogado defensor del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, Héctor Villasana Rodríguez, aseguró que jurídicamente no existen elementos dentro de las carpetas de investigación que permitan acreditar un presunto acuerdo entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para concretar la detención del exfuncionario.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el litigante fue cuestionado sobre las versiones que apuntan a un supuesto entendimiento entre ambas mandatarias, particularmente después de una reunión que sostuvieron en el aeropuerto de Ciudad Juárez, previo a la detención de Jáuregui Moreno.
Villasana Rodríguez aclaró que, desde el punto de vista jurídico, la defensa no ha identificado pruebas que respalden esa hipótesis, por lo que consideró que cualquier interpretación relacionada con un posible acuerdo entre los gobiernos estatal y federal corresponde al ámbito de la especulación política.
“Digo, a lo mejor ya ese sería entrar al tema de la especulación. Jurídicamente, en la carpeta de investigación no hay un dato que así lo sugiera”, expresó.
El abogado precisó que su equipo ha tenido acceso a los antecedentes de investigación presentados tanto por la Fiscalía General del Estado (FGE) como por la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales, aseguró, contienen esencialmente los mismos testimonios y elementos relacionados con el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos.
En ese sentido, reiteró que la defensa no ha encontrado elementos que acrediten que Jáuregui Moreno hubiera autorizado la participación de agentes estadounidenses durante las acciones encaminadas a desarticular un presunto laboratorio de drogas sintéticas.
Explicó que, de acuerdo con su interpretación de los testimonios, la autorización del operativo de seguridad no puede equipararse con una autorización para permitir la intervención de personal extranjero.
Asimismo, señaló que las declaraciones recabadas durante las investigaciones no establecen que el entonces fiscal general tuviera conocimiento previo de la presencia de dichos agentes.
Por otra parte, Villasana Rodríguez cuestionó algunas de las actuaciones realizadas por las autoridades estatales, particularmente la creación de una unidad especializada para investigar los hechos, al considerar que los posibles delitos cometidos por servidores públicos debieron ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
El litigante sostuvo que esta situación ya fue planteada ante el juez durante la audiencia inicial y que se espera una resolución sobre los argumentos de competencia presentados por la defensa.
También manifestó que no existía necesidad de solicitar una orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno, debido a que anteriormente había comparecido ante las autoridades estatales y federales para proporcionar información sobre los hechos.
Recordó que el exfiscal acudió a rendir declaraciones cuando fue requerido y que mantenía actividades públicas, por lo que, desde la perspectiva de la defensa, no existían elementos que justificaran su detención mediante una orden judicial.
Respecto a las versiones difundidas sobre posibles vínculos del exfuncionario con integrantes de la delincuencia organizada, Villasana Rodríguez aseguró que tampoco han identificado información dentro de las carpetas a las que tienen acceso que permita respaldar esos señalamientos.
“No hay dato que así lo sugiera, más que especulación”, sostuvo.
Finalmente, el abogado informó que el equipo jurídico prepara un juicio de amparo para impugnar la prisión preventiva oficiosa impuesta a Jáuregui Moreno, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.
El exfiscal enfrenta procedimientos penales del fuero común y federal, este último por la imputación de traición a la patria, mientras que su defensa sostiene que no existen pruebas suficientes para justificar su vinculación a proceso.
