El senador de la República, Mario Vázquez Robles, advirtió sobre los riesgos de corrupción y el uso político de programas sociales que, afirmó, se han intensificado a partir de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de la nueva Ley General de Aguas, al tiempo que denunció prácticas de intermediarismo dentro de dependencias federales, particularmente en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El legislador sostuvo que desde el proceso de discusión de estas reformas se alertó sobre un esquema irregular en el que funcionarios federales aceptan y resuelven trámites únicamente a través de despachos de asesoría específicos, presuntamente vinculados a quienes operan las propias dependencias. Este mecanismo, explicó, obliga a productores y usuarios a recurrir a intermediarios para que sus gestiones avancen, generando sobrecostos y retrasos injustificados.
De acuerdo con Vázquez Robles, estas prácticas se han denunciado de manera recurrente en Chihuahua, donde productores del campo enfrentan obstáculos administrativos si no contratan determinados despachos. Señaló que el problema no sólo es burocrático, sino económico y ético, ya que encarece los trámites y afecta directamente la productividad del sector agropecuario.
En ese contexto, el senador mencionó a Ariadna Montiel, al advertir que el costo indirecto de los trámites podría estar relacionado con despachos vinculados a su entorno. Consideró delicado que se reinstalen esquemas de coyotaje e intermediarismo que, lejos de facilitar los procesos, generan dependencia y mayor carga económica para los usuarios.
El legislador también vinculó este fenómeno con la discusión pendiente de la reforma electoral, al señalar una participación ilegal y sistemática de funcionarios públicos en procesos electorales, pese a la prohibición constitucional. Recordó la intervención del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral federal y criticó la ausencia de sanciones efectivas.
En el ámbito local, afirmó que en Chihuahua es conocido el activismo político de Ariadna Montiel en la Sierra Tarahumara, donde, dijo, se han utilizado programas sociales como mecanismos de pago político, condicionando apoyos a lealtades electorales. Subrayó que los recursos públicos no pertenecen a funcionarios ni partidos, sino a la ciudadanía.
Para el senador, estas prácticas vulneran la equidad democrática y deben formar parte central del debate de la próxima reforma electoral. Sin embargo, cuestionó que dicho proceso se esté construyendo sin diálogo real y con una visión cerrada desde el partido en el poder.
Finalmente, Mario Vázquez Robles aseguró que la oposición tiene la responsabilidad de denunciar estas conductas, al considerar que la corrupción, el uso clientelar de los programas sociales y la falta de contrapesos institucionales representan un retroceso para la democracia, la legalidad y el desarrollo económico del país.
