Integrantes de comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara, acompañados por la abogada Citlali Quintana, acudieron a exponer el avance del proceso legal relacionado con la contaminación ambiental en la zona de Barrancas del Cobre, donde denunciaron que, pese a existir una resolución judicial a su favor, aún no se han cumplido las medidas ordenadas.
María, integrante de una comunidad rarámuri, señaló que continúan esperando acciones concretas por parte de las autoridades, luego de varios años de litigio, pues aseguró que hasta el momento no se ha logrado una solución definitiva a los problemas de contaminación, agua y manejo de residuos.
La abogada Citlali Quintana explicó que el caso involucra a comunidades como Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare, quienes han señalado afectaciones derivadas del crecimiento del megaproyecto turístico de Barrancas del Cobre, principalmente por la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales y manejo de basura.
Detalló que las descargas de aguas residuales y el mal manejo del drenaje han impactado manantiales y fuentes de agua utilizadas por las comunidades, mientras que la acumulación de residuos sólidos en caminos y poblados se ha incrementado por la actividad turística de la región.
Quintana recordó que el proceso legal inició desde 2010 y que, después de diversos recursos, un Tribunal Colegiado en Chihuahua emitió una resolución que obliga a las autoridades a implementar acciones específicas para atender las problemáticas ambientales.
Entre las medidas establecidas en la sentencia se encuentra la creación de un plan integral que garantice el acceso al agua, la instalación de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, así como un esquema adecuado para la recolección y manejo de basura generada por la actividad turística.
Asimismo, la resolución contempla que las comunidades rarámuri sean tomadas en cuenta en la planeación y toma de decisiones relacionadas con el desarrollo turístico de la zona, además de garantizar su participación en los beneficios derivados de estos proyectos.
La abogada señaló que actualmente buscan que las autoridades responsables den cumplimiento efectivo a la sentencia y que exista una coordinación entre las instancias estatales y federales para atender la problemática.
Añadió que uno de los principales retos es lograr que las comunidades indígenas tengan una participación más activa en la protección de su territorio y en las decisiones relacionadas con los recursos naturales de la Sierra Tarahumara.
Finalmente, María reiteró que las comunidades continuarán solicitando que las autoridades cumplan con las obligaciones establecidas por el tribunal y que se atiendan las necesidades de agua, saneamiento y manejo de residuos que enfrentan desde hace años.
