jueves, noviembre 19, 2026
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Es un proceso completamente federal en donde nosotros no intervenimos: Loya sobre apelación de Jáuregui por traición a la patria

El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, evitó emitir una postura respecto al recurso de apelación presentado por la defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, contra su vinculación a proceso por el delito de traición a la patria, al señalar que se trata de un procedimiento que corresponde exclusivamente a las autoridades federales.

Al ser cuestionado sobre la impugnación promovida por los abogados del exfuncionario, Loya Chávez explicó que la Fiscalía estatal no tiene intervención en el proceso ni en las decisiones que adopten los tribunales federales.

“No tengo ninguna opinión, fíjate, es un proceso completamente federal en donde nosotros no intervenimos en nada”, expresó.

Asimismo, aclaró que el delito de traición a la patria no corresponde al fuero común, por lo que las autoridades estatales no tienen competencia para juzgar dicha conducta.

“No, no es un delito del fuero común”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Jáuregui Moreno también fuera juzgado en Chihuahua por este ilícito.

Cabe señalar que la defensa del exfiscal presentó un recurso de apelación federal contra el auto de vinculación a proceso dictado en octubre pasado, impugnación que fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito.

De acuerdo con la información publicada sobre el procedimiento, el recurso quedó registrado bajo el toca penal 211/2026 y la audiencia de alegatos fue programada para el próximo 20 de enero de 2027, mediante videoconferencia.

Durante esta diligencia se analizarán los argumentos presentados por la defensa para determinar si existen elementos jurídicos que permitan confirmar, modificar o revocar la resolución judicial que mantiene al exfuncionario vinculado a proceso.

La admisión del recurso no implica la suspensión automática del procedimiento penal ni la modificación inmediata de las medidas cautelares, por lo que Jáuregui Moreno permanece bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

El proceso federal deriva de los hechos ocurridos en abril de 2026 en la región de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se llevó a cabo un operativo contra un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Durante estos acontecimientos perdieron la vida cuatro personas, entre ellas el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera, así como dos agentes estadounidenses que presuntamente participaron en las actividades desarrolladas en la zona.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exfiscal habría permitido la intervención de agentes extranjeros armados, identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público federal, esta presunta participación habría representado una vulneración a la soberanía y seguridad nacional, motivo por el cual se formuló la imputación por el delito de traición a la patria.

Por su parte, la defensa de Jáuregui Moreno ha cuestionado los elementos utilizados para sustentar la acusación, al argumentar que no existen pruebas directas que acrediten que el exfuncionario conociera o autorizara la participación de personal extranjero en el operativo.

Los abogados sostienen que las imputaciones se basan en inferencias relacionadas con el cargo que desempeñaba Jáuregui al momento de los hechos, por lo que buscan que el tribunal federal revise la legalidad de la vinculación a proceso.

El delito de traición a la patria se encuentra contemplado en el artículo 123 del Código Penal Federal, que establece penas de entre cinco y 40 años de prisión para las conductas previstas en dicha disposición.

En este contexto, Loya Chávez reiteró que la Fiscalía de Chihuahua no participa en la resolución del recurso, debido a que tanto la acusación como la apelación corresponden a la jurisdicción federal.

Por otra parte, el encargado del despacho respondió a los cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas detrás de las investigaciones relacionadas con exfuncionarios estatales.

“La procuración de justicia no tiene absolutamente ningún uso político”, sostuvo.

El funcionario recordó que las imputaciones formuladas por la Fiscalía estatal fueron expuestas durante una audiencia pública ante la autoridad judicial, donde se presentaron los argumentos y elementos de investigación correspondientes.

Asimismo, consideró que los actores políticos deben evitar involucrar a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia en confrontaciones partidistas.

Finalmente, Loya Chávez reiteró que la Fiscalía estatal continuará atendiendo los procedimientos que corresponden a sus atribuciones, mientras que será el tribunal federal el encargado de resolver la apelación promovida por la defensa de César Jáuregui Moreno.

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