La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, señaló que corresponde al Órgano de Administración Judicial y al Congreso del Estado recibir y resolver la renuncia de cualquier persona juzgadora.

Lo anterior, en relación con el caso del juez M. J. T., quien fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción del Estado dentro de una investigación por el delito de prevaricación y quien, de acuerdo con la información proporcionada, reconoció los hechos imputados y aceptó renunciar a su cargo.

Herrera Sandoval explicó que será el Órgano de Administración Judicial, junto con el Poder Legislativo, el que determine el procedimiento correspondiente y si se acepta formalmente la separación del juzgador.

Asimismo, indicó que estas instancias deberán intervenir para definir quién ocupará el juzgado en caso de que quede vacante tras concretarse la renuncia.

La presidenta del TSJ recordó que, bajo el nuevo esquema del Poder Judicial, las juezas y jueces actualmente en funciones fueron electos mediante voto popular, por lo que su eventual destitución o separación definitiva involucra al Congreso del Estado.

Herrera Sandoval señaló que el Poder Legislativo ya ha recurrido anteriormente al principio de prelación para cubrir espacios vacantes y designar a quienes deben asumir funciones jurisdiccionales.

De esta manera, precisó que el Tribunal Superior de Justicia no determinará por sí solo la aceptación de la renuncia ni la persona que sustituirá al juez, sino que deberá seguirse el procedimiento establecido con la participación del Órgano de Administración Judicial y del Congreso local.