El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, criticó las impugnaciones promovidas contra diversos apartados de la reforma electoral de Chihuahua que son analizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente en lo relacionado con disposiciones para anular elecciones ante determinados actos vinculados con actividades delictivas.

De la Peña defendió la intención de las modificaciones aprobadas por el Congreso local al señalar que buscan establecer mecanismos para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El asunto llegó a la Suprema Corte mediante cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados locales de Morena, Morena Chihuahua, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido del Trabajo. Entre los puntos cuestionados se encuentran disposiciones sobre la nulidad electoral por hechos delictivos, integración de ayuntamientos, acciones afirmativas y otras modificaciones incorporadas al marco electoral estatal.

“Yo creo que a todos los chihuahuenses nos preocupa que el crimen organizado pretenda influir en el resultado de las elecciones en nuestro estado”, declaró De la Peña.

El secretario cuestionó particularmente que legisladores de Morena hayan controvertido las modificaciones y sostuvo que, desde su perspectiva, las disposiciones buscaban dar certeza frente a una posible intervención criminal.

Cabe precisar que durante la discusión legislativa de junio, la propuesta para incorporar a la Constitución estatal una causal específica de nulidad por intervención del crimen organizado no alcanzó la mayoría calificada requerida y regresó a comisión; posteriormente, disposiciones relacionadas con hechos delictivos sí quedaron contempladas en modificaciones a la legislación electoral secundaria.

De la Peña también lanzó críticas contra la Suprema Corte por el análisis de las disposiciones y calificó de “inexplicable” una eventual invalidación del mecanismo.

La resolución corresponde al Pleno de la SCJN, que deberá determinar la constitucionalidad de los artículos impugnados. Las expresiones sobre las razones de Morena o los posibles efectos de las normas corresponden a la postura política de De la Peña y no a una determinación judicial.