**Madres afectadas buscan apoyo de la Legisladora a 18 meses de que la FEM no ha dado resultados en las investigaciones
Chihuahua, Chih; 01 de octubre del 20026.- Año y medio después de que se denunciaron públicamente los posibles casos de violencia sexual contra niñas en la guardería Gussi, las madres siguen esperando respuestas. Cuatro de ellas se reunieron con la diputada para exponer, de manera privada, el estado de sus casos y una preocupación que comparten: los expedientes no avanzan y, en algunos aspectos, sienten que la investigación ha retrocedido.
Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados. Hoy, además del dolor de lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que, aseguran, no les ha dado la certeza de que las autoridades estén investigando con la misma seriedad con la que ellas han tenido que insistir durante meses.
Particularmente grave, señaló la diputada, es el señalamiento de las madres respecto a que desde la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) se estaría planteando la posibilidad de que las agresiones hubieran ocurrido fuera de la guardería, sin que —según refieren— se les hayan presentado elementos suficientes que sustenten esa hipótesis.
“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, sostuvo.
La legisladora informó que ya trabaja con su equipo jurídico en la revisión del estado que guardan los expedientes y que buscará sumar a organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para acompañar a las familias y definir una estrategia jurídica que permita exigir resultados a las autoridades.
El caso, sostuvo, exhibe una falla que va más allá de una carpeta de investigación: cuando una niña está bajo el cuidado de una institución, el Estado tiene la obligación de garantizar que ese espacio sea seguro. Cuando algo ocurre, también tiene la obligación de investigar con rigor y proteger a las víctimas.
“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, afirmó.
La diputada refrendó que acompañará a las madres desde su responsabilidad legislativa y que utilizará las herramientas a su alcance para exigir que las autoridades competentes actúen con diligencia, perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos, hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
