Comunidades indígenas Mayo-Yoreme mantienen una lucha de más de una década contra la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, al norte de Sinaloa, al considerar que el proyecto representa una amenaza para el ecosistema, la pesca y su forma de vida tradicional.

La planta, impulsada por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la firma alemana Proman, busca producir alrededor de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco. Sin embargo, habitantes de comunidades como Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Rosendo G. Castro sostienen que el proyecto fue impuesto sin una consulta adecuada y que ya ha provocado afectaciones ambientales en la región.

Los pobladores denuncian la tala de manglares, una disminución en la presencia de aves y una reducción en la actividad pesquera, principal fuente de ingresos para cientos de familias. Pescadores de la zona afirman que incluso antes de que la planta entre en operación ya se perciben cambios en el ecosistema debido a las obras de construcción.

La controversia escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2022 determinó que debía realizarse una consulta indígena para evaluar el impacto del proyecto sobre las comunidades originarias. No obstante, los opositores aseguran que las obras continuaron y actualmente registran un avance considerable.

De acuerdo con líderes comunitarios, la preocupación principal no se centra en posibles accidentes industriales, sino en las consecuencias ambientales permanentes que podría generar la operación de la planta sobre la Bahía de Ohuira, una zona reconocida por su biodiversidad y su importancia para la actividad pesquera regional.

Por su parte, la empresa ha señalado que cumplirá con protocolos internacionales de seguridad y monitoreo ambiental para minimizar cualquier impacto sobre el entorno. Además, sostiene que el proyecto generará empleos e impulsará el desarrollo económico de la región.

Sin embargo, integrantes del movimiento “¡Aquí No!” aseguran que los beneficios prometidos no compensan los riesgos para las futuras generaciones del pueblo Mayo-Yoreme. Los activistas también han denunciado presiones, amenazas y divisiones internas derivadas del conflicto que rodea al megaproyecto.

La disputa se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de resistencia indígena frente a proyectos industriales en México, mientras las comunidades continúan exigiendo una revisión de los permisos otorgados y una evaluación integral de los daños ambientales que, aseguran, ya comienzan a ser visibles en la región.