Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de gobierno de Chihuahua, anunció que se está considerando la opción de trasladar a reclusos de alta peligrosidad en el estado hacia Centros de Readaptación Social federales, como parte de los esfuerzos para prevenir futuros incidentes como el motín acontecido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez el pasado 1 de enero.
El mencionado motín en el Cereso 3 resultó en la lamentable pérdida de siete reclusos y dejó a otras diez personas heridas, incluyendo personal penitenciario. En respuesta a este incidente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno del estado de Chihuahua.
De acuerdo con la Recomendación 132/2023 de la CNDH, se constataron condiciones precarias en el Cereso 3, tales como sobrepoblación, hacinamiento y falta de personal de custodia, situaciones que ya habían sido previamente señaladas.
El informe también resaltó que un grupo armado atacó el centro penitenciario, extrayendo a varios reclusos tras abrir fuego contra el personal de seguridad y custodia.
Asimismo, la investigación reveló la existencia de un cogobierno y autogobierno entre los internos, así como la realización de actividades ilícitas y la identificación de zonas de privilegio dentro de la prisión.
En relación a este trágico suceso, se han recibido testimonios que indican que el personal de la Guardia Nacional habría presuntamente efectuado disparos contra personas privadas de la libertad, lo que resultó en heridas y pérdidas de vida.