Las viviendas del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar fueron intervenidas tras una denuncia de representantes populares y ONGs.

Los agentes llevaron a cabo el aseguramiento bajo mandato judicial conforme a los artículos 229 y 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Según la investigación, una de las residencias tiene un valor comercial aproximado de 26 millones.

El fiscal Abelardo Valenzuela explicó que el delito de enriquecimiento ilícito implica que el patrimonio del servidor público debe ser coherente con sus ingresos, y que el aseguramiento se realizó bajo control judicial para determinar el valor actual de los inmuebles.

Este delito está contemplado en los artículos 272 y 273 del Código Penal del Estado como parte de los “delitos por hechos de corrupción” cometidos por servidores públicos.

Valenzuela subrayó que la acción se llevó a cabo conforme a un mandato judicial y con apego a la ley, y llamó a evitar la confusión y la victimización ante este proceso.