El abogado Luis Villegas anunció que presentará una queja ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) en contra del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y dos funcionarias estatales, por presuntas conductas relacionadas con promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.
Durante una rueda de prensa, Villegas presentó una serie de documentos, fotografías, videos y enlaces electrónicos con los que busca que la autoridad electoral investigue el origen de los recursos utilizados para la difusión de la imagen del funcionario estatal.
La queja también señala a Silvia Margarita Vides Valles, directora del Registro Civil, y a Fernanda Yasmín Martínez Quintero, titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, por su presunta participación en actividades de promoción a favor de De la Peña Grajeda.
“Tres conductas, tres personas: promoción personalizada, actos anticipados y recursos públicos”, expresó el abogado al explicar los principales señalamientos de su denuncia.
Acusa promoción personalizada y actos anticipados de campaña
Villegas sostuvo que el despliegue publicitario del secretario general de Gobierno podría contravenir el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con la propaganda gubernamental y la promoción personalizada de servidores públicos.
Según su interpretación jurídica, la difusión constante de la imagen de un funcionario, aun cuando se realice mediante recursos privados, puede constituir una irregularidad si tiene como finalidad posicionarlo políticamente.
Asimismo, consideró que las actividades de promoción podrían representar actos anticipados de campaña, debido a la difusión de su imagen mediante recorridos, reuniones, eventos masivos, publicaciones en redes sociales y publicidad exterior.
El abogado aseguró que ha documentado 352 videos en formato reel y más de mil 750 fotografías, que, de acuerdo con sus cálculos, forman parte de un despliegue de aproximadamente 2 mil 104 contenidos relacionados con el funcionario.
Cuestionó quién se encarga de producir, editar y financiar estos materiales, así como el origen de los recursos destinados a su distribución.
Señala posible uso de vehículos y recursos del Gobierno del Estado
Respecto al presunto uso indebido de recursos públicos, Villegas presentó como parte de sus señalamientos un video en el que, según explicó, aparece una camioneta propiedad del Gobierno del Estado estacionada cerca de una persona que pinta una barda con propaganda relacionada con Santiago de la Peña.
El abogado afirmó que el vehículo corresponde a una camioneta Ram 1500, modelo 2022, cuyas placas estarían registradas a nombre del Gobierno estatal.
Indicó que solicitará a las autoridades revisar las bitácoras, resguardos y registros de geolocalización del vehículo para determinar si fue utilizado en actividades ajenas a sus funciones oficiales.
También cuestionó la participación de la directora del Registro Civil, Silvia Margarita Vides Valles, quien, según su exposición, habría manifestado públicamente su respaldo al secretario general de Gobierno durante una entrevista realizada en horario laboral.
En el caso de Fernanda Yasmín Martínez Quintero, señaló que existen publicaciones en redes sociales en las que expresa su apoyo al funcionario, por lo que pidió investigar si estas actividades fueron realizadas en su carácter de servidora pública o como ciudadana, así como quién cubrió los gastos de producción y difusión.
Calcula gastos publicitarios por casi 17 millones de pesos
Durante su presentación, Villegas expuso una estimación de gastos relacionados con videos, publicidad digital, publicaciones en páginas de redes sociales, espectaculares y otros materiales promocionales.
De acuerdo con sus cálculos, el despliegue publicitario identificado representaría aproximadamente 16 millones 924 mil pesos, aunque aclaró que se trata de una estimación elaborada con los elementos que ha logrado recopilar y no de un gasto acreditado mediante facturas o contratos.
Entre los conceptos mencionados se encuentran más de 3 millones de pesos estimados para la producción de reels, cerca de 1.8 millones por difusión en páginas digitales y aproximadamente 12 millones relacionados con publicidad espectacular.
Además, aseguró haber identificado al menos 73 registros publicitarios y 130 anuncios que, según su revisión, habrían promovido la imagen del funcionario.
Villegas insistió en que corresponde a la autoridad electoral determinar si estas cantidades corresponden a gastos reales y establecer quién financió las actividades.
El abogado informó que solicitará al IEE realizar diversas diligencias para esclarecer el origen del financiamiento, entre ellas requerir información a las plataformas digitales sobre la administración y pago de anuncios.
También buscará que se dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), además de solicitar información sobre contratos, facturas y gastos relacionados con publicidad exterior y medios de comunicación.
Asimismo, planteó que se investiguen los recursos ejercidos por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, encabezada por José Luis Martínez Juárez, para determinar si existe alguna relación entre el gasto institucional y la promoción denunciada.
Villegas también solicitó que, en caso de identificarse posibles delitos electorales, se dé vista a la fiscalía competente.
“De lo que se trata es de seguir el dinero”, manifestó, al reiterar que el objetivo de la queja es conocer quién paga, administra y financia las actividades de difusión relacionadas con Santiago de la Peña.
Finalmente, señaló que entregará a las autoridades electorales las pruebas documentales y los enlaces electrónicos que ha recopilado, con la finalidad de que se investiguen las tres conductas denunciadas.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a las acusaciones formuladas por Luis Villegas y no constituyen una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades electorales analizar las pruebas, verificar los gastos y establecer si existieron infracciones a la legislación electoral.






