El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, aseguró que las investigaciones por posibles actos de corrupción dentro de la dependencia son permanentes y no requieren esperar la presentación de una denuncia, luego de ser cuestionado sobre una declaración atribuida a un exagente del Ministerio Público que señala presuntas irregularidades cometidas por fiscales de distrito y altos mandos de la institución.

De acuerdo con fragmentos de una declaración que circula y que contiene el membrete de la Fiscalía General del Estado, una persona que afirma haber trabajado en la Unidad de Operaciones Estratégicas de Chihuahua realizó señalamientos sobre una presunta red de corrupción y extorsión al interior de la dependencia.

En el documento se menciona al exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, así como a Guillermo Arturo Zuany Portillo y Gabriela Márquez Blanco, a quienes el declarante atribuye presuntas instrucciones para investigar a personajes políticos.

Según el testimonio, personal de la unidad habría realizado investigaciones sobre políticos, principalmente de Morena, y posteriormente entregado la información a sus superiores. El declarante sostiene que esos datos presuntamente eran utilizados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para cometer actos de extorsión.

Asimismo, el documento menciona a Carlos Manuel Salas, Adalberto Oros Salido y Juan Carlos Portillo Coronado, a quienes relaciona con supuestas irregularidades dentro de la institución.

Entre los señalamientos también se encuentra una presunta manipulación de pruebas relacionadas con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, caso que derivó en investigaciones contra el exfiscal César Jáuregui Moreno.

El declarante sostiene además que existiría una estructura de cobros indebidos dentro de distintas áreas de la Fiscalía, mediante la cual presuntamente se solicitaría dinero a cambio de liberar vehículos, no ejecutar órdenes de aprehensión, modificar clasificaciones de delitos o intervenir irregularmente en procedimientos judiciales.

De igual manera, señala supuestas prácticas de corrupción dentro de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, particularmente en asuntos relacionados con violencia familiar.

Estos señalamientos corresponden exclusivamente al contenido de la declaración difundida y no constituyen hechos acreditados. Con los fragmentos disponibles tampoco es posible verificar de manera independiente la autenticidad íntegra del documento ni confirmar que exista una investigación formal contra cada una de las personas mencionadas.

Al ser cuestionado sobre estas acusaciones y la posibilidad de que se apliquen sanciones contra los funcionarios señalados, Gilberto Loya Chávez afirmó que las revisiones por posibles actos de corrupción forman parte del trabajo permanente de la institución.

“Investigaciones hay permanentes, no es un tema de esperar una denuncia”, expresó el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado.

Explicó que uno de los componentes del nuevo modelo de procuración de justicia y seguridad contempla precisamente el combate a la corrupción, por lo que este tipo de investigaciones deben mantenerse de manera constante.

Sin embargo, Loya Chávez no confirmó si existe una carpeta de investigación específica relacionada con la declaración difundida, ni precisó si alguno de los funcionarios mencionados enfrenta procedimientos administrativos o penales derivados de esos señalamientos.

Tampoco anunció sanciones o separaciones del cargo contra el personal señalado en el documento.

Finalmente, el encargado de la Fiscalía reiteró que el combate a la corrupción forma parte de las acciones que deben desarrollarse permanentemente al interior de la dependencia, independientemente de la presentación de denuncias formales.