La defensa jurídica del exfiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó un recurso de apelación contra la resolución que lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten que tuvo conocimiento, autorizó o participó en los hechos que se le imputan.
El recurso fue interpuesto por el abogado Edgar Oswaldo Torres Sandoval, dentro de la causa penal 3055/2026, en contra de la determinación emitida el pasado 22 de octubre por un juez de primera instancia en materia penal del Distrito Morelos.
De acuerdo con el documento, la defensa expuso siete agravios relacionados con la valoración de los elementos de prueba, la falta de precisión sobre las conductas atribuidas al exfuncionario y las presuntas deficiencias en los argumentos utilizados para justificar su vinculación a proceso.
Uno de los principales cuestionamientos consiste en que la resolución judicial habría establecido una responsabilidad de Jáuregui Moreno a partir de su posición jerárquica, reuniones institucionales y actuaciones de otros servidores públicos, sin identificar una conducta específica que lo relacione directamente con los hechos investigados.
“La anuencia que se atribuya a otros funcionarios no puede transferirse a Jáuregui por la sola posición de superior jerárquico”, señala el recurso.
Asimismo, los abogados cuestionaron la valoración de entrevistas realizadas a diversos agentes sobre la presunta participación de personas extranjeras en operativos, al considerar que no se distinguió entre testimonios de quienes presenciaron directamente los hechos y aquellos que únicamente recibieron información de terceros.
La defensa argumentó que la coincidencia de declaraciones sobre la presencia de extranjeros no demuestra que el exfiscal conociera o hubiera autorizado su intervención.
Otro de los puntos expuestos señala que la existencia de reuniones privadas entre funcionarios no constituye, por sí misma, evidencia de que se hayan emitido instrucciones contrarias a la ley.
“La privacidad de un encuentro puede explicar que no existan observadores, pero no revela qué se dijo ni convierte una reunión ordinaria en autorización delictiva”, establece el escrito.
De igual manera, la representación jurídica sostuvo que la cantidad de testimonios y la extensión de las investigaciones no sustituyen la obligación de presentar elementos concretos que permitan establecer la probable participación del imputado.
“La extensión de una investigación no determina su suficiencia respecto de una proposición particular. Puede existir información abundante sobre terceros y persistir una insuficiencia sobre la intervención del imputado”, refiere el documento.
Entre los agravios también se encuentran cuestionamientos sobre la forma en que el juez relacionó las actuaciones de otros funcionarios con una posible participación conjunta de Jáuregui Moreno, así como observaciones jurídicas sobre las atribuciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
Ante estas consideraciones, la defensa solicitó que se declaren fundados los siete agravios y se revoque la resolución de vinculación a proceso emitida el 22 de octubre.
Cabe señalar que esta apelación corresponde únicamente a la causa penal estatal por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y es independiente del procedimiento federal que enfrenta el exfiscal por la acusación de traición a la patria.
Finalmente, la presentación del recurso permitirá que una instancia judicial superior revise los argumentos de la defensa y la resolución impugnada, sin que ello signifique que la vinculación a proceso haya quedado sin efectos.
Hasta el momento, no se ha informado sobre una resolución al recurso de apelación presentado por la defensa de César Jáuregui Moreno.
