El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que las manifestaciones realizadas por transportistas durante los últimos días en Chihuahua forman parte de un movimiento nacional de inconformidad contra decisiones y omisiones del Gobierno Federal, particularmente en materia de condiciones económicas y operación del sector.
El funcionario explicó que la Secretaría General de Gobierno mantiene comunicación permanente con organizaciones de transportistas, al igual que con cámaras empresariales y distintos grupos sociales, con la finalidad de conocer sus planteamientos y dar seguimiento a sus movilizaciones.
“Nosotros tenemos contacto permanente a través de la Secretaría de Gobierno. Eso sí es trabajo totalmente de la Secretaría de Gobierno”, expresó.
De la Peña Grajeda recordó que el paro fue convocado a nivel nacional, por lo que las exigencias y negociaciones principales corresponden a las dirigencias nacionales de las agrupaciones participantes.
“Son las estructuras de los transportistas a nivel nacional las que están mostrando su desacuerdo con algunos actos, decisiones o incluso omisiones del Gobierno Federal”, indicó.
En ese sentido, señaló que las autoridades estatales pueden mantener el acercamiento con los manifestantes y atender los aspectos que correspondan a su ámbito de competencia, aunque varias de las demandas dependen directamente de decisiones federales.
El secretario también relacionó las inconformidades del sector con modificaciones fiscales que, según explicó, podrían afectar los beneficios de los que anteriormente disponían los transportistas.
“La manifestación de transportistas tiene que ver con un cambio de condiciones que les hace el Gobierno Federal a través de un incentivo o una deducción que se les daba a los transportistas y que hoy pretende castigarlos aún más”, manifestó.
Agregó que las dificultades económicas del sector se presentan en un contexto de deterioro de las carreteras federales y aumentos en los costos de circulación.
“Tenemos malas carreteras, carreteras que han ido subiendo sus costos”, señaló.
De la Peña Grajeda consideró necesario revisar las disposiciones de la Ley de Ingresos para 2027 y sus posibles repercusiones en la actividad económica, especialmente para las empresas dedicadas al transporte de mercancías.
Indicó que el área económica y financiera del Gobierno del Estado se encuentra analizando los posibles efectos de las medidas federales sobre Chihuahua y sus municipios.
Finalmente, reiteró que la administración estatal mantendrá la comunicación con las organizaciones transportistas, mientras las dirigencias nacionales continúan exponiendo sus inconformidades ante las autoridades federales.
