El secretario de la Función Pública del Estado, Roberto Fierro Duarte, informó que se encuentra bajo análisis la documentación correspondiente al proceso de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), tras la salida de Rafael Loera Talamantes y la llegada de Jesús Carrillo Castillo como titular de la dependencia.

El funcionario estatal explicó que actualmente se revisa la información proporcionada durante la transición administrativa, por lo que todavía no es posible determinar si existen irregularidades que ameriten el inicio de procedimientos de responsabilidad contra servidores públicos.

“En el caso de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, estamos en análisis del proceso de entrega-recepción y de la información que nos hicieron llegar”, señaló.

Fierro Duarte aclaró que las revisiones forman parte de las actividades ordinarias de fiscalización que realiza la Secretaría de la Función Pública y que no existe una investigación dirigida específicamente contra algún exfuncionario.

“Nosotros llevamos acciones naturales de fiscalización. No tenemos nada dirigido contra nadie y estamos trabajando con cada uno de los asuntos que vamos viendo”, manifestó.

En ese sentido, consideró que sería irresponsable adelantar conclusiones o confirmar la existencia de procedimientos de responsabilidad antes de concluir el análisis de los documentos relacionados con el cambio de administración en la dependencia.

Asimismo, explicó que la Secretaría de la Función Pública mantiene diversas investigaciones derivadas tanto de quejas y denuncias ciudadanas como de las propias acciones de fiscalización que realiza el organismo.

Detalló que algunas de las inconsistencias detectadas en las revisiones administrativas están relacionadas con el desconocimiento de las disposiciones legales y el incumplimiento de los plazos establecidos para determinados procedimientos.

“Lamentablemente hay mucho desconocimiento de la aplicación de las leyes y de la actuación. Entonces hay cosas que se generan y tenemos que investigar si hubo dolo o si hay algún otro esquema por el que lo hayan realizado”, expresó.

Agregó que, en muchos casos, las observaciones corresponden a cuestiones administrativas relacionadas con tiempos y procedimientos, aunque cada situación debe analizarse para establecer si existe alguna responsabilidad.

Por otra parte, destacó que la dependencia mantiene programas de capacitación y certificación dirigidos a los trabajadores del Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las obligaciones legales y prevenir posibles incumplimientos.

Precisó que anualmente se capacita a aproximadamente entre 4 mil y 5 mil servidores públicos mediante talleres y actividades de profesionalización.

Finalmente, Fierro Duarte señaló que no existe un plazo específico para concluir la revisión de la entrega-recepción en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, por lo que será hasta que termine el análisis cuando se determine si existen elementos para iniciar algún procedimiento de responsabilidad administrativa.