La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, sexuales y otras publicaciones que puedan poner en riesgo su seguridad e integridad. Las empresas tendrán 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la disposición, para informar sobre las medidas implementadas.

El decreto establece que las plataformas digitales deberán impedir que las personas menores de edad accedan, sean expuestas o reciban recomendaciones de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y ciberacoso, entre otros materiales considerados perjudiciales.

Entre las medidas contempladas se encuentra la clasificación de contenidos por edades, la verificación de la edad de los usuarios y la incorporación de herramientas de supervisión parental. Asimismo, las plataformas deberán activar configuraciones de privacidad y seguridad de manera predeterminada, además de facilitar mecanismos para denunciar publicaciones que representen un riesgo para menores.

La disposición también establece obligaciones de colaboración con las autoridades. Las empresas deberán contar con canales de contacto para atender solicitudes de información, preservar evidencia digital relevante para investigaciones y alertar sobre contenidos que representen una amenaza contra la vida.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la encargada de dar seguimiento a la aplicación de estas medidas. De acuerdo con lo informado por el Gobierno federal, representantes de empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X participaron en reuniones para conocer las disposiciones y discutir su implementación.

Sheinbaum señaló que, en caso de detectar incumplimientos, su administración podría impulsar una iniciativa de ley que contemple sanciones para las plataformas. Sin embargo, el decreto no establece por sí mismo un esquema de sanciones directas.

La medida forma parte de una estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet. Su implementación también plantea el reto de garantizar la protección de los menores y, al mismo tiempo, respetar derechos como la privacidad y la libertad de expresión.