El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, llamó al Gobierno Federal a asumir una mayor responsabilidad en la atención del desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo, al señalar que el combate al crimen organizado es una facultad constitucional de la Federación y que la respuesta estatal, por sí sola, resulta insuficiente para resolver el problema.
Durante una rueda de prensa, el funcionario sostuvo que el Gobierno del Estado ha desplegado acciones para contener la crisis social y atender a las familias afectadas; sin embargo, advirtió que el origen del desplazamiento es la violencia generada por grupos delictivos que disputan el control territorial en la Sierra Tarahumara, una situación que requiere una mayor intervención federal.
Como parte de ese llamado, Rascón planteó cinco acciones concretas para fortalecer la atención al fenómeno. La primera consiste en incorporar el desplazamiento forzado interno como un tema permanente en las mesas federales de construcción de la paz.
Asimismo, propuso incluir el tema en la agenda del Gabinete de Bienestar para reforzar la respuesta humanitaria en alimentación, salud, vivienda y educación; mantener de forma permanente los tres ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en los municipios afectados, con énfasis en la atención de las causas, el desmantelamiento de estructuras criminales y la detención de objetivos prioritarios.
También solicitó restablecer los servicios federales que, afirmó, se encuentran interrumpidos en diversas comunidades, como el abasto de alimentos, la energía eléctrica y la atención médica, además de intensificar la inspección forestal frente a la tala ilegal, al considerar que una comunidad sin esos servicios carece de condiciones para recibir nuevamente a las familias desplazadas.
Finalmente, pidió que el Gobierno Federal destine recursos específicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para atender el desplazamiento forzado interno y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
Rascón afirmó que el acompañamiento que brinda el Estado solo podrá traducirse en una solución definitiva si existe una presencia permanente de las instituciones federales en la región para combatir a los grupos generadores de violencia y garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno de las familias a sus comunidades.
«Las familias no piden soluciones temporales; piden regresar a sus hogares a vivir en paz», expresó el secretario, quien reiteró que la atención a esta problemática requiere la participación conjunta de los tres niveles de gobierno.






