La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la iniciativa de reforma electoral que se discute en Chihuahua para establecer criterios de paridad en la elección de la gubernatura, al considerar que las modificaciones locales no deben diseñarse para influir en una contienda específica o favorecer a determinados perfiles políticos.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal señaló que su postura no representa un rechazo a la participación política de las mujeres, sino que busca preservar los principios de paridad establecidos a nivel nacional.

Sheinbaum recordó que la legislación electoral vigente ya obliga a los partidos políticos a distribuir de manera equilibrada sus candidaturas entre hombres y mujeres, con el propósito de evitar que las mujeres sean postuladas únicamente en entidades o municipios donde existan menores posibilidades de triunfo.

No obstante, advirtió que cuando una reforma se impulsa exclusivamente en una entidad federativa y coincide con un proceso político en marcha, puede interpretarse como una medida dirigida a beneficiar o perjudicar a aspirantes específicos.

La iniciativa, promovida por legisladores del PAN, plantea que los partidos políticos postulen para la gubernatura a una persona del género contrario al de su candidatura anterior, con el objetivo de fortalecer la paridad en los cargos de elección popular.

Sheinbaum sostuvo que, en caso de aprobarse la reforma y surgir controversias jurídicas, serán las autoridades electorales las encargadas de determinar su constitucionalidad y aplicación.

«Le corresponderá al Instituto Nacional Electoral y, en su caso, al Tribunal Electoral resolver cualquier controversia que pudiera generarse», indicó.

La discusión ocurre en medio del proceso de definición de las reglas para la elección de gobernador de Chihuahua en 2027. De acuerdo con los plazos legales, cualquier modificación a la legislación electoral deberá aprobarse antes de que concluya junio, es decir, al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral previsto para el 1 de octubre de 2026.

El debate ha generado posiciones encontradas entre actores políticos del estado, quienes sostienen que la reforma podría tener implicaciones directas en la conformación de las candidaturas para la próxima contienda por la gubernatura.