La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en duda la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que no existen pruebas suficientes que justifiquen la urgencia de dicha petición.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la solicitud enviada por autoridades estadounidenses no corresponde a una orden formal de extradición, sino a una petición provisional que carece de elementos sólidos que sustenten el riesgo de fuga o la necesidad inmediata de detención.

Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que solicitará información adicional a Washington para esclarecer los motivos de la urgencia, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que, hasta el momento, no hay evidencias contundentes que respalden la acción solicitada.

El caso ha generado una fuerte tensión diplomática, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Rocha y a otros funcionarios de presuntos vínculos con el narcotráfico, incluyendo colaboración con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el propio mandatario estatal ha rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas y con tintes políticos.

Sheinbaum también advirtió sobre posibles violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, al señalar que los implicados han sido objeto de un “linchamiento mediático”. En ese sentido, reiteró que México actuará conforme a la ley y defenderá su soberanía frente a cualquier presión externa.

En medio del escándalo, Rocha solicitó licencia temporal a su cargo, mientras el Gobierno federal reforzó la presencia de seguridad en Sinaloa para mantener la estabilidad en la entidad.

El caso marca uno de los momentos más tensos en la relación bilateral reciente entre México y Estados Unidos, en un contexto donde las acusaciones por narcotráfico escalan hacia figuras políticas de alto nivel.