El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitó a Estados Unidos presentar pruebas concretas sobre las acusaciones de presunta corrupción contra funcionarios mexicanos, en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países.
El pronunciamiento surge luego de declaraciones del embajador estadounidense, quien señaló problemas de corrupción en México como parte de una estrategia más amplia de Washington contra políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Ante ello, Sheinbaum fue enfática al señalar que cualquier acusación debe estar respaldada por evidencias claras y procesos legales formales.
La mandataria también cuestionó que Estados Unidos no actúe con la misma contundencia frente a casos de corrupción dentro de su propio territorio, subrayando que el combate a este problema corresponde a cada país en el ámbito de su soberanía.
Este episodio ocurre en un contexto delicado para la relación bilateral, marcada por la cooperación en materia de seguridad y recientes fricciones, como la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización y el intercambio de señalamientos entre ambos gobiernos.
Además, reportes periodísticos indican que autoridades estadounidenses han tomado medidas como la cancelación de visas a algunos políticos mexicanos, lo que ha incrementado la polémica y la presión política en ambos lados de la frontera.
La presidenta reiteró que México mantiene su compromiso con el combate a la corrupción, pero insistió en que este debe llevarse a cabo con base en pruebas y dentro del marco legal, al tiempo que pidió respeto a la soberanía nacional.
El caso refleja un nuevo punto de fricción en la relación México–Estados Unidos, en un momento clave para la cooperación en temas de seguridad, justicia y combate al crimen organizado.






