Autoridades del estado de Arizona reconocieron públicamente que existe un grave problema de tráfico de armas hacia México, al admitir que gran parte del armamento ilegal termina en manos de grupos criminales que operan en territorio mexicano. La declaración vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad de Estados Unidos en el flujo de armas que alimenta la violencia al otro lado de la frontera.
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, aceptó que su estado enfrenta un desafío “enorme” por la venta ilegal de armamento que cruza hacia México y llega a organizaciones del crimen organizado. El reconocimiento se dio en medio de una creciente presión política y judicial por frenar el tráfico de armas que durante años ha sido señalado como uno de los principales motores de la violencia en el país.
El tema tomó mayor relevancia luego de que en Estados Unidos se presentaran cargos contra un negocio de venta de armas al menudeo y dos personas vinculadas presuntamente con la comercialización de armamento para cárteles mexicanos. De acuerdo con las acusaciones, habrían vendido armas que terminaron en manos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un caso que marca uno de los primeros procesos de este tipo bajo señalamientos de apoyo material a organizaciones criminales consideradas terroristas por autoridades estadounidenses.
Este caso ha fortalecido la postura de México, que desde hace tiempo insiste en que el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos representa un problema estructural de seguridad. De hecho, el Gobierno federal analiza incorporar este expediente como parte de su estrategia legal en la demanda que mantiene contra fabricantes y distribuidores de armas en territorio estadounidense, particularmente en Arizona.
El reconocimiento por parte de autoridades de Arizona también refuerza lo que diversas investigaciones han venido señalando desde hace meses: que ese estado fronterizo se ha convertido en una de las principales rutas de salida de armamento que después es utilizado por células criminales en México. Rifles de alto poder, armas semiautomáticas y municiones forman parte del arsenal que con frecuencia es asegurado en operativos contra el narcotráfico.
En medio de este panorama, el tema vuelve a colocarse en el centro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, donde la exigencia de mayor control en la venta y distribución de armas se mantiene como una de las principales demandas del gobierno mexicano. Mientras tanto, el reconocimiento desde Arizona deja en evidencia que el problema ya no puede seguir siendo minimizado y que el combate al crimen organizado también pasa por frenar el flujo de armamento desde el norte.
