El alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza expresó su rechazo a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial previa.

La determinación permite que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, al considerar esta acción como una medida preventiva de carácter administrativo y no una sanción penal.

De acuerdo con el criterio aprobado, las instituciones financieras deberán notificar al titular de la cuenta sobre el bloqueo, quien tendrá un plazo de cinco días hábiles para solicitar una audiencia ante la UIF. Posteriormente, la autoridad deberá resolver en un periodo de hasta 15 días.

Además, se establece que el afectado puede acudir a instancias judiciales después de la resolución de la UIF, trasladando el control judicial a una etapa posterior del proceso.

La resolución representa un cambio respecto a criterios anteriores, ya que ahora la autoridad mexicana puede actuar directamente sin necesidad de una solicitud internacional previa.

En este contexto, el alcalde advirtió que este tipo de medidas reflejan un debilitamiento de los contrapesos institucionales y un avance hacia esquemas más autoritarios, al permitir la intervención en cuentas sin autorización judicial previa.

Señaló que este mecanismo genera preocupación al considerar que los ciudadanos podrían ser sujetos a revisiones o bloqueos sin conocer de manera inmediata las causas, aunque posteriormente tengan derecho a defenderse.