El dirigente estatal del PRI y diputado federal, Alejandro Domínguez Domínguez, expresó su rechazo a la propuesta de reforma electoral impulsada a nivel federal, conocida como Plan B, al considerar que presenta inconsistencias técnicas, riesgos a la equidad del proceso democrático y retrocesos en materia de paridad de género.

El líder priista señaló que, aunque en el discurso la reforma plantea un supuesto ahorro presupuestal, en realidad no especifica montos claros por entidad federativa, por lo que calificó como impreciso el argumento de reducción de gastos. Explicó que incluso, de existir ahorros en congresos locales, estos no podrían ser administrados por el gobierno federal, al tratarse de recursos estatales.

Domínguez Domínguez advirtió que uno de los puntos más preocupantes de la iniciativa es la eliminación de la regla de paridad en ayuntamientos, lo que representaría un retroceso en los avances logrados por las mujeres en la vida política del país.

Asimismo, indicó que la propuesta también contempla modificaciones que podrían afectar la integración de cabildos, al reducir el número de regidores, lo cual, si bien podría discutirse en términos administrativos, no justifica la eliminación de criterios de equidad.

En cuanto al contexto político, el dirigente del PRI aseguró que la reforma busca generar ventajas indebidas al partido en el poder, al advertir que podría derivar en el uso de recursos públicos durante procesos como la revocación de mandato, lo que afectaría la equidad electoral.

También respondió a señalamientos del coordinador de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, al afirmar que el PRI no tiene temor de enfrentar al gobierno federal, pero sí reconoce las condiciones en las que se desarrollan los procesos políticos.

El dirigente sostuvo que el principal riesgo es que se utilice la estructura del Estado para influir en elecciones, lo que, dijo, rompería el principio de competencia en igualdad de condiciones.

Finalmente, adelantó que el PRI votará en contra de la reforma en el Congreso de la Unión y presentará argumentos técnicos en las comisiones correspondientes, al considerar que los cambios deben construirse mediante consenso entre todas las fuerzas políticas y no de manera unilateral.