El titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata Carrasco, reconoció que la nueva Ley General de Aguas representa un marco normativo robusto que integra las competencias de los tres órdenes de gobierno; sin embargo, advirtió que las protestas de productores en distintos puntos del país responden a modificaciones planteadas a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, las cuales considera contrarias al espíritu del artículo 27 constitucional.
Mata señaló que la nueva legislación federal reconoce la responsabilidad municipal sobre el suministro de agua potable y saneamiento, como lo establece el artículo 115 constitucional, y destacó que en Chihuahua el estado participa de manera solidaria en dichas tareas desde un decreto emitido por el entonces gobernador Alfredo Chávez, trabajando coordinadamente con los organismos operadores.
El funcionario explicó que un vacío legal fue aprovechado para impulsar reformas que trasladarían la administración del agua desde las fuentes de abastecimiento directamente a las parcelas, lo que calificó como una distorsión del marco jurídico vigente.
Aseguró que las protestas no se dirigen contra la Ley General de Aguas, sino específicamente contra las modificaciones a la ley de 1992 que, dijo, impactan directamente el artículo 27 constitucional, que establece la propiedad originaria del recurso por parte de la nación y su concesión a particulares bajo regulación.
Señaló que no se trata de un proceso de privatización del agua, sino de brindar certeza jurídica a quienes invierten en su aprovechamiento, como agricultores e industrias, siempre bajo un régimen de concesiones sujeto a las disposiciones gubernamentales y a la disponibilidad del recurso.
En este sentido, Mata llamó a retirar temporalmente la propuesta y abrir un proceso de discusión en foros públicos donde la ciudadanía, especialistas y autoridades participen en un análisis minucioso de sus implicaciones. Consideró que todas las fuerzas políticas reconocen la necesidad de revisar la iniciativa con profundidad antes de seguir adelante.
El titular de la JCAS concluyó que cualquier cambio al marco jurídico del agua debe ser producto del consenso social, técnico y jurídico para asegurar una legislación que resulte justa, viable y sustentable.